La semana pasada se aprobaba en Consejo de Gobierno una ayuda extraordinaria de 250 euros para las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, en su modalidad de jubilación e invalidez, y familias perceptoras de la PCI.
Dicha ayuda, que viene a compensar los gastos en lo que se ha tenido que
incurrir en mascarillas, geles, etcétera… beneficiará a más de 50.000 familias,
expresa la voluntad de un gobierno, y de la Consejería de Derechos Sociales, de
no dejar a nadie atrás en esta crisis.
La importancia de la misma tiene que ver con hacer realidad algo de lo que se
ha venido hablando durante mucho tiempo pero que todavía ningún gobierno en
Canarias había realizado, apoyar económicamente a los y las pensionistas no
contributivos, las que tienen las pensiones más bajas, que en Canarias son más
de 43.000 personas y sus respectivas familias.
Dentro de ese número, el porcentaje de mujeres llega al 60 por ciento, hablamos
de personas que han trabajado toda la vida pero que nunca cotizaron: mujeres
que han realizado trabajos invisibles de los cuidados, mujeres rurales
trabajadoras del campo sin cotización, que han sacado adelante a sus familias
criando a sus hijos e hijas, un trabajo poco reconocido pero sin el que ninguna
sociedad puede funcionar.
Es a ellas, especialmente, a quienes les debíamos medidas de este tipo, por eso
cuesta entender la reacción de algunos sectores políticos, que emulando al
discurso de apellidos nobles y privilegiados de la meseta, han hablado de
paguita. Estoy convencido de que más allá de reaccionar de esta manera, porque
como oposición deben decir algo, en el fondo entienden la importancia que tiene
este primer paso.
Y es un primer paso porque, más allá de ser esta una ayuda puntual y
extraordinaria, se marca un camino, el que se inició también en ese Consejo de
Gobierno con la aprobación del anteproyecto de ley de renta ciudadana de
Canarias, que no tuvo tanta repercusión, y que recoge una modalidad de
complemento a los pensionistas no contributivos, que no será una ayuda puntual
sino un derecho a consolidar en el tiempo.
Mejorar la vida de estas personas es un acto de justicia histórica en nuestra
tierra, una de las que mayor número tiene de personas beneficiarias de PNC de
todo el Estado, y es feminismo también, es poner la vida en el centro.
La sociedad canaria en su conjunto, y las instituciones en particular, tenemos
una deuda con estas personas y con estas mujeres, se lo debemos.
Javier Bermúdez
Director general de
Derechos Sociales
Responsable del Área de Derechos Sociales de Podemos Canarias