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“Los plazos máximos para la investigación judicial han supuesto la impunidad de casos de corrupción y de otros delitos. Esto sucede cuando se legisla desde el banquillo”.
Victoria Rosell, ‘cabeza de lista’ por Unidas Podemos en Las Palmas, ha participado en un debate organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y la Brigada Tuitera en el Colegio de Abogados de Madrid. Allí se dieron cita los diferentes portavoces de Justicia de Unidas Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, para debatir sobre el estado actual de la Justicia en España y exponer sus propuestas políticas en este ámbito.
El primer bloque temático del debate giró en torno a la configuración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS). Rosell afirmó que, tras el bandazo en la resolución de la Sala Tercera del TS sobre la responsabilidad del pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en las hipotecas, quedó patente ante la ciudadanía su permeabilidad a las presiones políticas y económicas, ocasionando un gran desprestigio. Y a continuación vino el escándalo de la renovación del CGPJ.“Conocimos el nombre del candidato a presidente antes que el de los vocales que tenían que elegirlo, hecho inédito en 38 años, y la renovación quedó frustrada al conocerse un “whatsapp” admitiendo que el PP quería controlar el Tribunal Supremo desde detrás”. Para la candidata de UP, “el CGPJ no puede ser el brazo ejecutor del Ministerio” y explicó: “no han funcionado ni la elección corporativa ni la parlamentaria. UP tiene una propuesta audaz, que el CGPJsea elegido por la ciudadanía; y mientras se cambia su elección, mayor transparencia con posibilidad de presentar candidaturas de juristas avaladas por la ciudadanía y con un programa de actuación”.
La magistrada en excedencia insistió en la idea de que “hay que modificar el sistema de acceso a la carrera judicial. Hay que superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúa el sesgo económico y de formación del Poder Judicial”. El programa de UP propone un sistema de formación pública universitaria de posgrado y preparación del acceso a la Escuela Judicial integrada en centros públicos de estudios jurídicos “para que el poder judicial se parezca más a la sociedad y sea funcional a sus fines constitucionales”.
Otra de las propuestas de UP es la “derogación del artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos máximos para la investigación judicial sin más medios y que conlleva la impunidad de casos de corrupción como el del ex presidente de Murcia. Esto sucede cuando se legisla desde el banquillo”. En los casos de corrupción, defendió la necesidad de blindar a la policía judicial para investigar sin interferencias de los gobiernos.
Defendió la Justicia como servicio público proponiendo dignificar el turno de oficio, suprimir las tasas judiciales disuasorias, y un “buen trato” con medios como la Sala Gesell para menores, unidades de valoración integral de violencia de género y las oficinas de víctimas.
También interpeló al público sobre la igualdad y la corresponsabilidad en el ámbito de la justicia, cuya cúpula está formada por hombres.