El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha ganado el pulso al Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo (CC) y finalmente se debatirá en la Cámara la Ley de Renta Ciudadana que impulsa la formación morada y que fue vetada por el Ejecutivo.
Los Servicios Jurídicos de la Cámara regional han dado la razón a la formación morada, cuyos diputados y diputadas habían considerado que le negativa del Gobierno de Clavijo a permitir el debate de la Ley de Renta Ciudadana suponía tanto una vulneración de los derechos del Grupo Parlamentario como una injerencia en la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En concreto, los letrados del Parlamento consideran que la Ley de Renta Ciudadana “no posee una incidencia en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019”, tal y como había argumentado el Gobierno para impedir su debate.
Por ello, los Servicios Jurídicos recomiendan a la Mesa del Parlamento que “declare la improcedencia de la no conformidad del Gobierno de Canarias en relación con la citada proposición de ley” y, en consecuencia, “deje sin efecto” el acuerdo adoptado el 17 de enero de no tramitarla para su debate.
Fraude democrático
“Nuevamente hemos destapado la tendencia del Gobierno de Clavijo a cometer fraudes democráticos y retorcer el Reglamento de la Cámara a su conveniencia. CC y su Gobierno no querían un debate de una propuesta que contribuye a paliar la pobreza y la exclusión social y que van a votar en contra, como han hecho con nuestra resolución en el Debate de la Nacionalidad, porque eso les retrata de cara a las elecciones”, ha asegurado la líder de Podemos, Noemí Santana.
Para la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, que pedirá que la iniciativa se debata por el procedimiento de urgencia en marzo, “ahora la ciudadanía comprobará que sí se puede, con nuestra Ley, mejorar la calidad de vida de las canarias y de los canarios y que si no se ha hecho antes es porque Clavijo no ha querido”.
Con todo, la formación morada insiste en que cualquier propuesta legislativa afecta al estado de gastos del Ejecutivo y no por ello se debe impedir su debate, aún con informe en contra del Gobierno, como queda establecido en el artículo 135.5 del Reglamento parlamentario: “antes de iniciar el debate, se dará lectura al criterio del Gobierno, si lo hubiere”, y el mismo “se ajustará a lo establecido para los de primera lectura, correspondiendo a uno de los proponentes o a un diputado del grupo autor de la iniciativa su presentación y defensa ante el pleno”.
Como se recordará, el objetivo de la proposición de Ley de Renta Ciudadana es garantizar, como recoge el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, una “prestación periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica y a la cobertura de los gastos básicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza con la finalidad de facilitar su inclusión social y el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades”.
La financiación de esta renta social se hará íntegramente con cargo al Presupuesto de Canarias, y la cuantía se establece en el 80% del salario mínimo interprofesional (SMI) para los núcleos de convivencia unipersonales; el 86% del SMI para los núcleos de convivencia de dos personas; el 94% del SMI para los de tres personas; el 100% para los de cuatro personas; el 105% para los de cinco personas y el 110% del SMI para los núcleos de convivencia de seis o más personas.