Una renta mínima garantizada que sirva de impulso para sacar a la gente de la pobreza

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  • La consejera de Podemos en Castilla La Mancha, Inmaculada Herranz, visitó Gran Canaria invitada como ponente de las jornadas de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.

  • El concejal Jacinto Ortega, responsable de Cohesión Social en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se reunió con Herranz para conocer de primera cómo ha sido la elaboración de una ley que es “una urgencia” para Canarias.

Garantizar el acceso a la vivienda, a una renta mínima y a suministros energéticos. Esos son los tres pilares de actuación de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas elaborada por Podemos en Castilla La Mancha. La consejera de la formación morada castellano manchega, Inmaculada Herranz, visitó Gran Canaria invitada como ponente a las jornadas de la Red Europea de Lucha Contra la Pobrezaprecisamente para hablar de la elaboración de esta ley a los y las profesionales del sector.

Socióloga de profesión y vicedecana de Investigación y Profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, Inmaculada Herranz se reunió con el concejal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, para hablar de cómo ha sido todo el proceso de creación de una ley que desde Podemos Canarias, consideran que es “una urgencia” para nuestro Archipiélago.

El grupo parlamentario morado ya ha puesto sobre la mesa del Parlamento en distintas ocasiones la posibilidad de desarrollar un plan de similares características para Canarias. Con un 44% de la población canaria en riesgo de exclusión social y buena parte de esta en situación de pobreza severa, no se entiende cómo no se ha creado un verdadero plan integral que palíe las dolencias más extremas de nuestra población.

La consejera de Podemos Castilla La Mancha se sorprendió de que Canarias se de la incongruencia de tener un PIB per cápita elevadogracias al enorme impacto del turismo, y a su vez, la población con las rentas más bajas de todo el país.

Toda la riqueza que tenemos en las islas se la quedan unos pocos. Y como hablemos de Eco-tasa turística para que revierta una partida directa a la población, a las compañeras del Parlamento se les echan encima”, comentó Jacinto Ortega, concejal de Cohesión Social en Las Palmas de Gran Canaria.

El trabajo desarrollado en Castilla la Mancha, donde Podemos apenas lleva un año al frente del gobierno junto al PSOE, arrancó de la Ley de Garantías Ciudadanas. “Lo que nos encontramos cuando entramos en el Gobierno fueron medidas muy fragmentadas. Se había hecho una tarea muy importante y lo primero que hicimos fue colocar esas medidas de forma integradas y dotarlas de un mayor presupuesto”, comenzó a explicar Herranz. “Nos ha costado tiempo pero conseguimos reunir en la misma mesa a todas las áreas, Fomento, Educación, Bienestar, Economía, Empleo, Instituto de la Mujer, Presupuestos y Coordinación”, describió la consejera. “Más de la mitad del Consejo de Gobierno estaba en esa mesa”, añadió.

El siguiente paso fue no solo implantarlo sino evaluarlo. Se realizó un primer informe y su correspondiente seguimiento, “vimos a cuánta gente llegaba y la calidad de lo que se hacía”, explicó la socióloga. Al informe se le aplicó su respectivo enfoque de género: “Nos dimos cuenta de que las prestaciones sociales de carácter permanente las tenían mayoritariamente hombres y las de emergencia, mujeres. El caso de las medidas de educación eran igualitarias”.

A raíz de ahí empezamos a indagar mediante dos mecanismos de colaboración: una mesa interna y una mesa de garantías ciudadanas, en esta última se contó de forma externa con las entidades del tercer sector y la representación social”, prosiguió Inmaculada Herranz. En esa segunda mesa externa participaron desde los colegios profesionales de trabajo y educación social, a los sindicatos y organizaciones como Amnistía Internacional. La consejera valoró enormemente este trabajo: “Ha sido muy importante trabajar con ellos y ellas cada uno de los pasos de esta ley”.

Castilla La Mancha solicitó un diagnóstico de condiciones de vida de la comunidad a la universidad que arrojó datos clave.“Nos permitió medir el impacto que tenía el Plan de Garantías Ciudadanas y conocer los niveles de renta de la población para poder presupuestar correctamente y definir la población objetivo”.

Gracias a ese informe, el equipo liderado por Inmaculada Herranz definió un umbral de renta: “Una renta garantizada por encima de los 600 euros mensuales, aplicándose incrementos de porcentaje de esa cantidad en función de los miembros que compongan la unidad familiar”.

La prioridad, ya que la implementación de la ley es progresiva, son los hogares vulnerables con menores a cargo para salir de la “pobreza heredada”.

El sistema de la ley, que será llevada a las Cortes el próximo noviembre, se estructura en torno a dos derechos: la garantía de ingresos y las garantías complementarias. La primera pretende abarcar la insuficiencia de recursos y sus criterios de acceso son meramente económicos en dos tramos: unidades familiares con menos del 70% del SMI, incrementándose progresivamente por miembro adicional. En este escenario se garantiza un ingreso mínimo de 600,99 euros hasta un máximo de 944 euros hasta los seis miembros. El segundo tramo regula la renta mínima cuando la capacidad económica sea igual o superior al 65% del SMI.

Sepuede acceder a través de los planes de empleo o a través de la renta mínima garantizada, la idea es que también haya cierta movilidad dentro de esos planes de emple pero para eso tienes que articular planes de empleo a los criterios de renta de los hogares. Eso hasta ahora mismo no esta en ningún sitio”, explicó la consejera del partido morado en Castilla La Mancha.

La comunidad autónoma de Herranz será la quinta en toda España en sacar adelante un plan de renta mínima que dignifique la situación de muchísimas personas que, diez años después de la crisis, siguen viviendo y heredando la precariedad, la pobreza y en muchos casos la exclusión social.