Francisco Déniz denuncia irregularidades en la subcontratación para los cursos de formación del Servicio Canario de Empleo

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El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha denunciado en la Cámara regional las irregularidades que existen en la subcontratación de docentes para los cursos de formación impulsados por el Servicio Canario de Empleo (SCE), toda vez que pese a la “normativa clara” al respecto, se permite subcontratar a empresas y no a personas físicas.

“En julio de 2017 se aprueba un decreto que solo permite la subcontratación de personas físicas pero, a pesar de esta prohibición, el SCE ha continuado permitiendo subcontratar con entidades terceras, que a su vez subcontratan a los docentes”, ha afirmado el diputado Francisco Déniz.

El problema, según ha insistido el diputado de la formación morada, es que esta práctica “nos recuerda el funesto ‘caso Icfem’ de finales de los años 90 del pasado siglo”, pues a su juicio “se ha venido utilizando como tapadera o pantalla para que el dinero que tenía que llegar a los docentes íntegramente se fuera quedando por el camino en un entramado de empresas” que, además, “pertenecían a los mismos grupos de empresarios que se repartían las subcontratas, y pactaban los precios en detrimento del salario establecido por ley”.

Sueldo precario

“Las empresas beneficiarias siguen subcontratando a otras empresas y estas a los docentes, por 10 o 20 euros, cuando en realidad tendrían que estar pagando entre 33 o 49 euros la hora”, ha afirmado.

Déniz, que presentará una moción en la próxima sesión plenaria tras haber interpelado este martes al Gobierno en la sesión de control, ha acusado al gabinete en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo de “defender a aquellos que se quedan en casa, llenándose el dinero de plusvalías y no a los docentes, que pasan calamidades y no cobran lo que les corresponde”.

“¿Así es como defienden ustedes la formación y el empleo de calidad de los canarios?”, espetó Déniz.

Y es que para el diputado de la formación morada no tiene sentido fomentar la subcontratación cuando, además “son los docentes quienes, aunque no se les reconozca en sus sueldos, hacen todas las funciones que se les exige a las empresas”.

“Estas empresas subcontratadas son pantallas para extraer plusvalías sin tino, a espuertas, y a costa del sueldo de los docentes, quedándose con un dinero público que no les corresponde y que debería ir destinado a la formación”, ha concluido.