Podemos Canarias ha pedido la dimisión del alcalde de Teror, el conservador José Luis Báez, a quien llevará a los tribunales por haber solicitado la intervención de la Policía Municipal para expulsar del salón de plenos al concejal de la formación morada, Francisco López, y luego suspender la sesión cuando exigió explicaciones sobre la gestión de la empresa pública Aguas de Teror y la “persecución política” que sufren sus trabajadores.
“El alcalde suspendió de golpe y porrazo, como en las épocas más oscuras del franquismo, los derechos fundamentales de las concejalas y concejales retirándome el derecho de la palabra y, cuando ante este recorte de derechos, decido repartir un comunicado entre las vecinas y vecinos, de forma chulesca, altanera y a golpe de dedo ordenó mi expulsión del pleno, y ante mi negativa a irme, lo suspendió”, denuncia López.
Tras conocer la situación, la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, la ha calificado de “intolerable” y ha advertido al alcalde de Teror de que “no vamos a permitir que se vivan situaciones caciquiles como esta en ningún municipio de Canarias ni que nuestro concejal sea expulsado por la policía por pretender hablar de una empresa pública”.
Acudir a los tribunales
“Vamos a llegar hasta el final, acudiendo incluso a los tribunales, para defender que no se vulneren los derechos democráticos de Podemos en Teror”, remacha Santana.
Como se recordará, el pasado 28 de febrero un juzgado condenó a la empresa municipal Aguas de Teror a readmitir a un trabajador despedido en julio de 2017, así como a abonar el salario que ha dejado de percibir, haciendo la formación morada responsable del despido del trabajador “a los miembros del Consejo de Administración de la empresa”, pues el mismo “ha visto pisoteados sus derechos sindicales con menosprecio”.
Por tal motivo, López pretendía en el conflictivo pleno en el que se pretendió expulsarle pedir la dimisión del actual primer teniente de alcalde y ex primer regidor, Gonzalo Rosario, así como la de todos sus hombres de confianza en la empresa pública.
“Deben dimitir por incompetencia, negligencia y por ser los máximos responsables del despido y de la represión sindical contra los delegados y afiliados a Intersindical Canaria en Aguas de Teror”, insiste López
Sin embargo, insiste en que “el espacio de participación democrática que es un pleno municipal se ha convertido en Teror en el espacio privado de PP y el PP, donde se suprime la democracia y la libertad de expresión”.
Posible fraude y administración desleal
Hay que recordar también la Fiscalía de Las Palmas está investigando las conclusiones de una auditoría de las cuentas de la empresa municipal desde 2012 a 2016 que, entre otras irregularidades en la gestión de la compañía, considera que el dinero que cada año recibe de ella el Ayuntamiento, en torno a 3,5 millones de euros, debería cotizar a la Hacienda Pública como beneficios, lo que no ocurre.
Por tal motivo, el actual alcalde y sus predecesores han sido llamados a declarar como sospechosos de un delito de fraude a la Hacienda Pública durante varios ejercicios económicos, correspondiente al Impuesto de Sociedades, así como de un delito de administración desleal.
Entre los administradores citados a declarar se encuentran Báez, el actual alcalde de Teror, y sus antecesores inmediatos, el propio Rosario, Isabel Guerra y Juan de Dios Ramos. También figuran en la lista de sospechosos el el gerente de la empresa, Alexis Gómez; los secretarios de Aguas de Teror y del Ayuntamiento, Sergio Ramírez y Rafael Lezcano, respectivamente y el que fuera concejal de Hacienda, Urbanismo y Aguas durante varios mandatos, Armando Santana.