Podemos exige al Gobierno y al Parlamento que cumplan con el ‘Informe Greco’ anticorrupción

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El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha presentado sendas iniciativas para que tanto el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo como el propio Parlamento regional mejoren las medidas para favorecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, atendiendo a las recomendaciones recientes efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco).

Así, por un lado, la portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana, ha dirigido un escrito a la Mesa de la Cámara para que aborde una “evaluación de la aplicación de las recomendaciones del ‘Informe Greco’, especialmente las relativas a incrementar la transparencia y prevenir la corrupción, en el ámbito del Parlamento de Canarias”.

Por otra parte, Santana ha registrado una Proposición No de Ley con el fin de que el Ejecutivo canario considere, “en el ámbito de sus competencias”, las recomendaciones del organismo anticorrupción del Consejo de Europa “especialmente en lo que se refiere al establecimiento de criterios y procedimientos claros para aumentar la transparencia de las comunicaciones entre el Gobierno de Canarias y la fiscalía territorial de Canarias, las fiscalías provinciales de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, la Fiscalía de Área Arrecife -Puerto del Rosario y las tres secciones territoriales (San Bartolomé de Tirajana, Arona y Santa Cruz de La Palma)”.

Asimismo, la iniciativa insta al gabinete que preside Clavijo a dirigirse al Gobierno del Estado para que al Gobierno de España “implemente de forma urgente las recomendaciones” del ‘Informe Greco’ en lo concerniente a “prevenir y combatir la corrupción respecto a miembros del parlamento, jueces y fiscales; y a aplicar las medidas tendentes a garantizar la transparencia y, en última instancia, la independencia de los poderes públicos, pilar fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”.

Lucha o palabrería

En este sentido, Santana afirma que “ahora comprobaremos si Clavijo y sus socios presupuestarios del PP dan importancia a la lucha contra la corrupción y a la independencia judicial y no solo se llenan la boca de palabrería, como ha demostrado el presidente Mariano Rajoy al incumplir el ‘informe Greco’ de 2013”.

Como se recordará, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, concluyó a principios de enero de 2018 que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente.

Entre las principales recomendaciones, el informe subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones, como el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.

Por otro lado, Greco muestra su preocupación por la independencia, imparcialidad y transparencia en el nombramiento de los altos cargos judiciales y hace hincapié en que los diputados “no deberían participar en ninguna etapa” del proceso de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos Canarias cree que, en vista de que “las autoridades españolas aún no ha sido capaces de implementar por completo ni una de las recomendaciones” en cinco años, “aún tratándose de una cuestión tan sensible como es la de la corrupción, que se mantiene como la principal preocupación de los españoles, según el CIS, solo detrás del paro”, tanto el Gobierno canario como su Cámara legislativa deberían adoptar mecanismos para cumplir escrupulosamente la totalidad de los parámetros europeos de anticorrupción.