Podemos propone crear los Servicios Ultraperiféricos en Canarias para aglutinar a todos los funcionarios

Podemos Congreso, Gran Canaria, Notas de prensa

La diputada Meri Pita, ha presentado hoy en el Congreso en representación del grupo parlamentario de Unidos Podemos una proposición No de Ley sobre la regulación y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa comunitaria.

La indemnización por residencia es un concepto salarial no retributivo que históricamente han percibido los empleados públicos estatales que prestan sus servicios en los territorios que, por causas geográficas o políticas, requieren un tipo de compensación.

La PNL propone, por un lado, igualar dicha indemnización en el Archipiélago a la totalidad de la plantilla funcionarial de la Administración General del Estado y revisar y actualizarla en las islas no capitalinas, y por otro, modificar la denominación de la actividad profesional que prestan los empleados públicos para que pasen a denominarse como Servicios Ultraperiféricos del Estado en Canarias, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa comunitaria.

Y es que, las cantidades no solo varían entre islas sino entre los distintos cuerpos. En el caso de las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, el incremento respecto al resto de islas y al monto que perciben los miembros de la carrera judicial ha generado una brecha considerable respecto a los Guardias Civiles y el personal de la Policía Nacional, por ejemplo; “una situación de inequidad entre profesionales que no responde a condiciones objetivas de ningún tipo”, explica Pita, quien añade que en algunos casos una parte del cuerpo funcionarial ha tenido que salvar la situación recurriendo a la justicia, “lo que ha provocado que el montante total a percibir como indemnización por residencia haya variado según el caso, forzando incluso al Consejo de Ministros a actualizar y modificar de manera sobrevenida algunas de estas cantidades. Y ello a pesar del compromiso tácito que han contraído los poderes públicos de aplicar esta medida a la totalidad de la plantilla funcionarial del Estado que desempeña su actividad profesional actualmente en la Región Ultraperiférica de Canarias”, sostiene.