El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en el área de Educación, Manuel Marrero, ha asegurado que con los Presupuestos para 2018 “una vez más constatamos que el Gobierno de Coalición Canaria no hace una apuesta firme y decidida por la Educación pública”.
En este sentido, ha recordado que hace solamente un mes el Grupo Nacionalista se abstuvo en el Parlamento a la hora de aprobar una iniciativa para cumplir la Ley Canaria de Educación no Universitaria de 2014 con el fin de llegar al año 2022 con una inversión de al menos un 5% del PIB.
“Para eso, que se preveían unos presupuestos expansivos, situábamos las expectativas en dar un gran paso hasta el 4%, y no hemos tardado demasiado tiempo en conocer el motivo de su abstención, pues tenían claro que solo iban a invertir el 3,7 por ciento”, ha dicho a la consejera de Educación, Soledad Monzón, durante la Comisión de Presupuestos de Educación celebrada este martes en la Cámara regional.
Medidas para un mejor futuro
Por ello, consideró “necesario ese incremento del 4 por ciento en los presupuestos para cooperar en que la sociedad canaria tenga un mejor presente y apostemos desde la educación por un mejor futuro”.
Un incremento que Podemos dirige a incrementar en 2.000 contrataciones en 2018 y 1.500 en 2019 la plantilla del profesorado público no universitario; avanzar hacia una oferta pública generalizada en el tramo 0-3 años, “comenzando el próximo curso con la apertura de 250 nuevas aulas, adaptadas y dotadas con profesorado y personal auxiliar suficiente”; triplicar el número actual de trabajadores sociales en los centros educativos y el número de equipos multiprofesionales que cooperen en la detección temprana para atender adecuadamente a las necesidades educativas especiales e incrementar la oferta de atención temprana y comedores escolares “hasta completar la demanda. Que aumente la asignación por gratuidad así como el número de tramos” para ajustar más las cuotas a la realidad de las familias.
Además, Marrero ha pedido que se acometan obras de rehabilitación, reforma, acondicionamiento y mejora en los centros educativos que lo necesiten, “un plan específico para centros de más de 50 años de antigüedad”, que se impulse la Formación Profesional con ofertas que cubran la demanda, y “mayor atención” a la Escuela Rural, sin olvidar “reforzar la formación en lenguas extranjeras que debe estimularse con medidas efectivas”, tales como auxiliares de conversación y estancias prolongadas en el extranjero de alumnos y profesorado.
Finalmente, respecto a las universidades, ha hecho hincapié en “incrementar las partidas para becas universitarias, impulsar decididamente la investigación, con mayores dotaciones, también para infraestructuras y, de manera especial, favorecer la contratación de calidad y a tiempo total del profesorado”.
Cohesión social y equidad
“Y también necesitamos reducir el fracaso y el abandono escolar, de manera especial entre los sectores más pobres de la sociedad. La educación es un derecho de la ciudadanía que deben garantizar los poderes públicos. La educación es un medio de cohesión social, pues contribuye a mayores cotas de equidad”, afirmó Marrero.
Por el contrario, denunció que frente a la demanda de aulas públicas para 0-3 años, CC apuesta por la reducción fiscal de 400 euros para “lo que llaman guarderías”, lo que es “un cheque del dinero público para el negocio privado de la educación, pues el 50,4 por ciento de la población activa ni siquiera alcanza el nivel de renta para realizar la declaración a Hacienda, y solo es una medida que camina en la dirección de fortalecer el negocio privado de la educación, que en ese tramo en Canarias, significa dos tercios de la oferta existente”.
“Con esta deducción pasa igual que con el ‘cheque-Cobiella’ en Sanidad por acudir a dar a luz a clínicas privadas. Llevamos muchos años en que se repite la misma historia al primar el beneficio de algunos empresarios voraces a los que se distingue con medallas de oro y reconocimientos sociales variados, además de viajes institucionales al Caribe para inaugurar sus negocios, mientras se recortan los derechos de la ciudadanía”, concluyó.