OPINIÓN: Obras Públicas y Malas Prácticas, por Manuel Marrero

GP Podemos Canarias Artículos de opinión, Grupo Podemos ParCan

Es una práctica habitual de las Administraciones Públicas multiplicar por tres o cuatro los costes de las obras públicas. Normalmente, las instituciones del Estado, autonómicas o locales, cuando licitan estas obras, acuerdan su presupuesto definitivo y sus plazos de ejecución. Sin embargo, estos plazos nunca se cumplen y mucho menos el presupuesto.

Las contrataciones suelen efectuarse en muchos casos con grandes compañías foráneas que luego subcontratan con pequeñas o medianas compañías canarias. En ningún caso suele haber en estos contratos un apartado donde las Administraciones exijan la inclusión de cláusulas sociales que garanticen las adecuadas condiciones laborales, económicas y de seguridad de las personas que trabajan en dichas obras.

Y por otro lado, nos encontramos a la ciudadanía, que sufre en sus carnes las prolongadas molestias de las obras por los incumplimientos de los plazos, y también en sus bolsillos, en los de todos, por la estafa que supone en la mayoría de los casos licitar una obra a un precio y luego incrementarlo.

El penúltimo ejemplo en Canarias de estas malas prácticas lo tenemos en la obra de la C-830 Los Sauces-Garafía (Cruz Castillo), ya que el Consejo Consultivo de Canarias, en un demoledor informe que remitió al Parlamento, advirtió que caduca el expediente de nulidad “por graves irregularidades” en la carretera del Norte, al pasar seis meses para su resolución. Este expediente se abrió contra la UTE subcontratada por la adjudicataria ACS, contra la dirección de obra y el organismo competente de su ejecución.

El Gobierno dejó pasar el tiempo para que se produjera este expediente de nulidad. El Consultivo además cuestiona “que este dictamen se solicitase a escasos días para que expirase el plazo de seis meses para resolver el proceso”, ya que este órgano suele tardar unos 30 días en emitir un informe.

En definitiva, estamos hablando de un auténtico escándalo porque la obra subió de 32,4 millones de euros a 54,3, y perdió 7,8 kilómetros, en los tramos II y III, que no se ejecutaron. Un importante pelotazo: el presupuesto aumentó un 67,42%, mientras la obra se redujo en un 32,2%.

Cuando se proyecta una obra y posteriormente desde los distintos municipios comienzan a plantearse modificaciones, como aceras, rotondas, nuevos trazados, muros, malas de contención, etc., que obligan a modificar el proyecto y, por tanto el presupuesto, evidencia un claro exponente de la manifiesta descoordinación entre las distintas Administraciones Públicas, que debieran realizar el proyecto de forma conjunta, pues con el dinero público hay que ser muy riguroso. Pero da la sensación de que en tiempos en el que hay poco que inaugurar, cada partido quiere apuntarse los tantos “en solitario” y no compartir foto con los demás porque le restan protagonismo. Así nos va.

En el caso de la carretera de Garafía, en la pasada comisión parlamentaria planteé varias exigencias al consejero de Obras Públicas y Transportes. La primera de ellas, la necesidad de depurar responsabilidades en el seno de su propia Consejería, con la UTE adjudicataria, la dirección de obra y el organismo competente para su ejecución. La segunda, la recuperación del dinero público no justificado en tiempo y forma. También le exigí que se penalizara por “graves irregularidades” tanto a la empresa principal como a la UTE subcontratada, para que no realicen ninguna contratación con ellas en el tiempo que la ley señale. El cuarto planteamiento que le expuse al consejero fue la necesidad de terminar la obra hasta el final del tramo III en los términos contemplados en el contrato. Por supuesto, también es urgente reabrir el expediente de oficio, tal y como indica el Consejo Consultivo, que se produzca un estricto cumplimiento de los plazos. Y por último, también le advertí al consejero que de no hacerse, el Grupo Parlamentario Podemos instaría a la Fiscalía para que actuara de oficio en este asunto, y así depurar responsabilidades y recuperar para el erario público el dinero presuntamente malversado.

No valen ni los silencios cómplices ni no querer mirar atrás cuando se han saqueado las arcas públicas. Las Administraciones Públicas deben tener paredes de cristal y la obligación de invertir adecuadamente el dinero de toda la sociedad y controlarlo escrupulosamente.

Tolerancia cero. Basta ya de malas prácticas.