Podemos propone garantizar la independencia judicial en el Parlamento de Canarias

Podemos Grupo Podemos ParCan, Lanzarote

 

El Grupo Podemos en el Parlamento de Canarias tramitará mañana una Proposición No de Ley para instar al Gobierno del Estado a “garantizar la independencia del poder judicial”, impidiendo, entre otras medidas, que se puedan cambiar fiscales en procesos en curso, especialmente en investigaciones de casos de corrupción.

 

La PNL también insta al Gobierno a derogar tanto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conocida como ‘ley de punto final’ como la Ley de protección de la seguridad ciudadana; a realizar una auditoría pública de los recursos del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad y a llevar a cabo una reforma integral de la Fiscalía para dotarla de verdadera autonomía orgánica y funcional respecto al poder ejecutivo.

 

Y es que, tal y como recoge el texto de la PNL, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ya denunció en su último informe la falta de independencia judicial en nuestro país y ponía de manifiesto la poca voluntad del gobierno por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial.

 

Pero es que además, tal y como explica la diputada María del Río, en las últimas semanas una serie de episodios judiciales han puesto en cuestión, no sólo la independencia judicial, sino también la igualdad ante la ley que recoge el artículo 14 de nuestra constitución.”La sensación de impunidad en determinados casos y las sentencias desproporcionadas en otras han venido a poner de relieve que el sistema judicial español está deslegitimado social y políticamente”, asegura.

 

Se refiere la diputada a la simultaneidad de las sentencias del caso Noos, las Tarjetas Black y una condena a un cantante de 23 años. A la condena de 6 años y 3 meses para el yerno del Rey emérito, la absolución de la infanta Cristina, la petición de cárcel para Valtonyc, y la rebaja de condena por parte de la audiencia de Alicante a quién propinó una brutal paliza a su pareja.

 

Sentencias que se unen a una serie de presiones e intimidaciones denunciadas por Manuel López Bernal, fiscal superior saliente de Murcia que encabezaba la causa contra el Presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, que él mismo ha catalogado “como las de la mafia de los años 20”, o el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia nacional y la sucesiva manifestación de desacuerdo de Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo indicando que su valía no se cuestiona en ambientes judiciales. A las polémicas actuaciones del fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix en relación al caso Lezo, o a las declaraciones del fiscal Pedro Horrach reconociendo que las presiones en investigación por casos de corrupción son muy comunes.

 

“Aquí en Canarias tenemos un caso paradigmático con el juez Alba; y todo ello nos lleva a pensar que hay una inversión de los papeles en toda regla”, explica Del Río, quien define como “valientes” a los fiscales y jueces que deciden enfrentarse solos e indefensos a una sistema hecho a medida por el Gobierno.