El Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha registrado hoy con el apoyo de los Ayuntamientos del Cambio una Proposición de Ley para derogar la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como ‘Ley Montoro’. Una ley que el primer teniente de Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, quien ha hecho un llamamiento a las demás fuerzas políticas a apoyar la propuesta de Podemos, ha calificado como “un rescate bancario encubierto que sólo ha traído más miseria y más desgracia a la ciudadanía”.
Con esta Proposición de Ley para aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local -nombre completo de la Proposición de Ley- se pretende volver al escenario de consenso previo al de la ‘Ley Montoro’, así como implementar medidas urgentes para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de las ciudades y para garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Con la aprobación de esta PL, los ayuntamientos podrán recuperar la autonomía local, lo que se traduce en:
- Primar la gestión directa de servicios municipales a la privatización, reduciendo así los sobrecostes que supone la externalización de los mismos.
- Recuperar competencias y establecer nuevas, como por ejemplo el fomento del empleo, la lucha contra las violencias machistas y la participación municipal.
- Consensuar un nuevo municipalismo para el país: la Ley propone un proceso participativo donde se traten los tres ejes fundamentales de este nuevo municipalismo, que son una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales y repensar el papel de las Diputaciones; un nuevo sistema de financiación local que garantice derechos y prestación de servicios esenciales a los ciudadanos; y una apuesta por la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.
Además, la ley define cuáles son los servicios esenciales que debe prestar el ayuntamiento y fija las bases para acabar con los límites a la contratación de personal de cara a prestar estos servicios, y permite, cambiando el Real Decreto que lo articula, que los ayuntamientos formalicen nuevas operaciones de crédito cuando cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria.
La realidad que deja la ‘Ley Montoro’ tras de sí es desoladora. Esta Ley permitió y permite la retirada de competencias esenciales a los municipios en materia de servicios sociales, salud y recaudación tributaria en favor de las Comunidades Autónomas y Diputaciones, favoreciendo la privatización y externalización de servicios mediante el endurecimiento de las condiciones para que no fueran prestados por los propios ayuntamientos, lo que supuso a su vez una reducción de las contrataciones de personal público, una reducción en la calidad de los servicios prestados y que disolvió las empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales que no arrojaron beneficios en los ejercicios de 2013 y 2014.
Así, con la excusa de la “estabilidad presupuestaria” el gobierno del Partido Popular recortó la autonomía de los ayuntamientos, especialmente en materia de protección social y de prestación de servicios públicos esenciales. Todo esto frente a la situación real de los ayuntamientos, ya que, salvo excepciones, los consistorios no están en una situación económica grave, llegando a contabilizar un superávit del 0,44% en el ejercicio de 2015.
Es decir, que mientras la Administración central y las Comunidades Autónomas son responsables de la mayor parte del déficit, el Gobierno impide a los ayuntamientos emprender determinadas medidas, especialmente orientadas a la prestación de servicios públicos esenciales y de protección de los más golpeados por la crisis, poniendo en riesgo la atención a mayores y dependientes, el mantenimiento de las escuelas, las oficinas de atención a la mujer o el fomento del empleo, entre otros, de las instituciones que más cerca trabajan de los ciudadanos.
En todo caso, esta Propuesta de Ley no pretende ser la solución definitiva a estos problemas, sino que su primer objetivo es liberar a los ayuntamientos del yugo que impone la ‘Ley Montoro’ y abrir la oportunidad para elaborar un nuevo proyecto de municipalidad en España, con la participación de la ciudadanía y de los entes locales.