La semana pasada, en el Consejo Europeo, los Gobiernos de los 28 estados miembros de la Unión Europea aprobaron por unanimidad un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que según Podemos Canarias es “inaceptable jurídicamente, vergonzoso éticamente y totalmente ineficaz para resolver la crisis de derechos humanos y humanitaria que vive Europa”.
Como ya ha dejado clara la organización, más allá de unos arreglos cosméticos, este acuerdo sigue vulnerando las obligaciones de Europa con la legislación internacional de los derechos humanos. Y, lo que es igualmente grave, el Gobierno de España en funciones ha desatendido claramente el mandato recibido del Parlamento español al votar a favor de un acuerdo que no incluye las garantías exigidas por el legislador español para conseguir que dicho acuerdo respetase las obligaciones de España y la Unión Europea con los derechos de las personas refugiadas y migrantes, que no son números, sino mujeres, hombres, niños y niñas con derechos y dignidad.
El pasado miércoles, 16 de marzo, la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea aprobaba por unanimidad una declaración institucional que fijaba la postura del Parlamento español ante el principio de acuerdo alcanzado el día 7 de marzo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía, para la deportación colectiva a ese país de cualquier persona que llegue a las fronteras europeas (incluidas las que quieran pedir asilo o huyen de persecución, conflictos o violaciones de derechos humanos) a cambio de una serie de contrapartidas (económicas, exención de visados, apertura de negociaciones de admisión, etcétera).
Dicho principio de acuerdo fue denunciado por organismos de Naciones Unidas, múltiples organizaciones y amplios sectores de la sociedad civil en España y toda Europa por vulnerar de manera flagrante la legislación internacional de derechos humanos. A él se opusieron, de manera unánime, todos los grupos parlamentarios.
Y es que, según argumenta Podemos, el acuerdo pretende afrontar esta crisis de derechos humanos con un plan de deportaciones «urgente y temporal» y con un claro enfoque de seguridad y control migratorio, en vez de abordando sus causas más profundas, que tiene relación, por un lado, con el olvido desde hace años de los valores fundacionales de la Unión Europea y los derechos humanos en sus políticas de asilo y migración y, por otro, con una política exterior que, demasiadas veces, ha puesto sus intereses geopolíticos, de seguridad y económicos por encima de los derechos humanos.
El acuerdo no recoge garantías expresas, como exigía el Parlamento español y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que todo proceso de expulsión o devolución de todas las personas (migrantes y refugiados) sea individualizado y con las debidas garantías. Solo habla del proceso para quien pide asilo.
El acuerdo tampoco establece las garantías exigidas por el Parlamento español de que Turquía reformará su legislación para respetar la legislación internacional de derechos humanos. Turquía no es un país seguro para todas las personas que van a ser devueltas. No tiene un sistema de asilo que garantice la protección y una solución duradera, no reconoce como personas refugiadas de la Convención de Ginebra a quienes no sean de nacionalidad europea (por ejemplo, a los miles de iraquíes, afganos, eritreos o somalíes que podrían ser devueltos).
Además, miles de personas refugiadas viven en Turquía en campos que no reúnen las condiciones adecuadas para una vida digna, en espacios donde las mujeres son muy vulnerables a la discriminación y violencia de género (incluida la trata) y donde miles de niños y niñas no son escolarizados.
El acuerdo menciona que se agilizará la disponibilidad de 3.000 millones de euros (ampliable a otros 3.000) del Fondo Europeo para Refugiados para las personas sirias reconocidas bajo protección temporal en Turquía. Pero nada dice, como exigía el Parlamento, de cómo se reforzarán los mecanismos de control sobre el efectivo destino de dicha ayuda a Turquía.
Ante esta situación, Podemos Canarias quiere expresar su rechazo al acuerdo UE-Turquía y de hecho los grupos en los distintos Cabildos insulares trabajan para presentar una moción conjunta de rechazo por “resultar ineficaz para resolver el drama humanitario de los refugiados, suponer una medida que encubre deportaciones colectivas en contra de la legislación internacional de derechos humanos, y resultar en la práctica una externalización del control de fronteras a cambio de prebendas económicas y políticas a Turquía”.
En este sentido, la organización en Canarias insta al Gobierno de España a que articule vías legales y seguras de entrada en el páis, restableciendo la posibilidad de solicitar protección internacional en todas las embajadas y consulados españoles y habilitando la concesión de visados humanitarios. También a que elimine la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto, especialmente Siria, y que agilice el proceso de reubicación ya aprobado por la Comisión Europea y con el que nuestro país se ha comprometido.
Cabe mencionar también que el grupo parlamentario ya presentó una enmienda que fue rechazada por los demás grupos del Parlamento de Canarias pidiendo a la Unión Europea que se derogue inmediatamente el Protocolo Dublín y que se apoyen todas las vías diplomáticas existentes además de promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países en conflicto. Por ejemplo, reformar las políticas de exterior y de vecindad de la UE para así contribuir al desarrollo político y económico sostenible en estos territorios o paralizar la venta de armamento a los países en conflicto, así como trabajar a favor de una política
integral de inmigración y asilo en la Unión Europea.