Podemos Canarias condena el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y exige la libertad de Gustavo Castro

Podemos Gran Canaria

El jueves pasado fue asesinada en Honduras la defensora de los Derechos Humanos y del medio ambiente Berta Cáceres,en un atentado en el que también resultó herido el mexicano Gustavo Castro Soto. Berta era cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y había liderado durante los últimos años la lucha contra la construcción de una presa hidroeléctrica y varias concesiones mineras en el territorio habitado por el pueblo indígena lenca.

Podemos Canarias quiere expresar su condena y sumarse a la exigencia que ya ha hecho la organización desde el ámbito estatal de protección por parte de las autoridades hondureñas de los defensores de derechos humanos y de las comunidades indígenas. La activista había denunciado amenazas en los últimos meses y, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas de protección en su favor, el gobierno hondureño no ha sido capaz de garantizar dicha protección.

También, a instancias de los diputados canarios de Podemos –Victoria Rosell, Meri Pita y Alberto Rodríguez- la delegación europea del partido ha exigido la libertad con garantías del testigo mexicano -y herido en el mismo atentado- Gustavo Castro Soto, que ha sido interceptado por las autoridades hondureñas en el aeropuerto de Tegucigalpa cuando intentaba regresar a México, donde le espera su pareja –Nieves, también activista y cuya familia reside en Tenerife- e hijos.

El pasado viernes, también el Grupo Parlamentario de Podemos-En Común Podem-En Marea, a propuesta del diputado Joan Mena, registró una Propuesta no de Ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno de Honduras a condenar pública y oficialmente el crimen, además de solicitársele que encabece una investigación y proteja a la familia de la activista asesinada. Además, también se insta a establecer mecanismos de cooperación con países centroamericanos para erradicar los asesinatos de activistas sociales y medioambientales en la zona, se solicita un informe a la OIT sobre el seguimiento del Convenio 169 y, por último, se pide la creación mecanismos de control a empresas españolas que pudieren vulnerar los derechos humanos en terceros países.

En el Parlamento Europeo, el mismo jueves en que se cometió el asesinato, nuestra eurodiputada Lola Sánchez Caldentey, Coordinadora del Área de Cooperación para el Desarrollo del GUE, firmó un comunicado de condena junto a Marie-Christine Vergiat, Coordinadora del Área de Derechos Humanos del GUE. Además, ayer lunes 7 de marzo, nuestro eurodiputado Miguel Urbán, miembro de la Comisión de Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, reclamó la apertura de una comisión internacional imparcial de investigación.