Los diputados canarios de Podemos instan al Gobierno a revocar la autorización para las prospecciones petrolíferas de Repsol

Podemos Congreso, Fuerteventura, Lanzarote, Notas de prensa

Las diputadas y diputados canarios de Podemos en el Congreso, Victoria Rosell, Meri Pita y Alberto Rodríguez, presentaron ayer una Proposición No de Ley sobre prospecciones de hidrocarburos en el Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, unas operaciones que Rosell define como “uno de los episodios más flagrantes de connivencia del Gobierno con las multinacionales en detrimento del interés general”.

Se refiere así a la utilización que hizo el Partido Popular de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las instituciones ministeriales, para imponer “por la fuerza” al pueblo canario la ejecución de unas operaciones de alto riesgo ambiental, según recoge el texto.

Y es que, tal y como recuerda la proposición presentada por Podemos, en 2012, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto autorizando a un consorcio de tres multinacionales petrolíferas liderado por Repsol a iniciar actividades de prospección de hidrocarburos en aguas profundas a escasos 10 kilómetros de las costas de Fuerteventura y a 18 kilómetros de Lanzarote. Real Decreto que –cabe mencionar- fue aprobado bajo la Secretaría de Estado de Fernando Martí, un ex alto cargo de Repsol.

Pero además, la decisión fue adoptada contra el criterio de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y del Parlamento y Gobierno de Canarias. También contra el sentir general de la ciudadanía y del sector científico y empresarial. De hecho, todas las iniciativas parlamentarias promovidas en la anterior Legislatura en las Cámaras Alta y Baja para suspender las operaciones obtuvieron el apoyo mayoritario de Grupos Políticos de todas las Comunidades Autónomas, pero también el rechazo del PP, que sistemáticamente impuso su mayoría para desestimarlas en favor de la multinacional Repsol.

Universidades y entidades científicas de los cinco continentes, las ONG medioambientales más destacadas del mundo, treinta y tres fuerzas políticas de 20 países representadas en el Parlamento Europeo, las ocho federaciones de operadores turísticos más importantes de Europa operando en Canarias, el 75`4% de la población canaria (encuesta realizada en noviembre de 2014 por las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria), el 90% de las cofradías de pescadores, seis de los siete Cabildos, el Parlamento Autonómico y el Gobierno de Canarias, han mostrado de forma reiterada y argumentada su rechazo o máxima preocupación por las prospecciones.

Y es que, dada su proximidad a las costas y los inherentes riesgos de derrames, constituyen una amenaza de primer nivel para el suministro del 100% del agua potable que se produce y consume mediante plantas desaladoras para más de 300.000 personas en Lanzarote y Fuerteventura. Y además, el espacio marino es considerado como una de las áreas marinas de mayor biodiversidad del planeta.

Sin embargo, este área fue literalmente cercenada en un 50% por el Gobierno de España en 2013 con la finalidad exclusiva de que las operaciones de Repsol quedasen fuera del espacio a proteger, como finalmente ha sucedido.

“Cuando se gobierna para las grandes empresas y no para la gente se pone en riesgo el medio ambiente. En este caso el mar del que vivimos y del que bebemos en el caso de Canarias. Además quedó demostrada la falsedad de las perspectivas de empleo procedente del territorio”, afirma la diputada Victoria Rosell,

A pesar de que, tras una primera perforación Repsol anunciara su retirada argumentando que los resultados no fueron positivos, la concesión no ha sido invalidada y mantiene su vigencia hasta agosto de 2017.

Por eso, la Proposición de Podemos insta al Gobierno a revocar de forma urgente el Real Decreto que autorizó las prospecciones y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a suspender “de forma inmediata” la Resolución por la que se autoriza la ejecución de sondeos exploratorios. También a iniciar la tramitación para la declaración “de un Área Marina Protegida (AMP) con nomenclatura de Santuario Internacional de Cetáceos, y comunicar a la Comisión Europea la modificación del área propuesta por España como LIC del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura para que la zona a proteger abarque las coordenadas establecidas en la Propuesta de LIC marino de WWF para esta área”.