El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote defenderá mañana en el Pleno del Cabildo de Lanzarote una moción para que la institución tome medidas contra la pobreza energética en la isla. Entre ellas, la bonificación de agua y luz para aquellas familias con ingresos inferiores al salario mínimo y la negociación con las empresas suministradoras para que sean estas quienes se hagan cargo finalmente de las cantidades bonificadas. Además, se pedirá la condonación de las deudas acumuladas por familias sin recursos con las compañías suministradoras, así como la imposibilidad de efectuar cortes de suministro sin un informe previo de los Servicios Sociales del Cabildo.
Con esta propuesta, Podemos está exigiendo el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y en vigor desde 1977, del cual España forma parte. En su artículo 11.1, el Pacto reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda adecuada, así como una mejora continua de las condiciones de existencia.
De este precepto se desprende el derecho de toda persona y su familia a disfrutar del derecho a una vivienda digna y el derecho al agua y el saneamiento, como el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. El derecho al agua y el derecho a la vivienda se encuentran dentro de la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado.
Además, como bienes comunes que son, Podemos entiende que las administraciones deben velar por la sostenibilidad de dichos recursos, pues se ha hecho evidente que los “mercados” del agua y la luz han sido incapaces de garantizar el acceso universal.
Además, en la Observación General número 3 de dicho Plan se subraya que “incluso en tiempo de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad”.
Por otro lado, la Constitución establece dentro de los artículos capitales (Artículo 9, punto 2) que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los cuales se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Sin embargo, en opinión de Podemos, el hecho de haber dejado en manos de empresas privadas la protección de derechos como la vivienda y la garantía de las condiciones mínimas que la hacen digna, como el agua, el saneamiento y la luz, ha provocado que la perspectiva económica haya predominado por encima del enfoque de los derechos humanos.
“Los principios de libre mercado, que han gobernado estos servicios básicos, han provocado de hecho una vulneración de los derechos anteriormente mencionados con la connivencia de la Administración Pública, pues se ha cortado la electricidad a 1,4 millones de personas y el agua a 300.000 en todo el estado español. Mientras, las distribuidoras prácticamente monopolistas de electricidad y agua, obtuvieron beneficios escandalosos año tras año, beneficios conseguidos a expensas de subir la electricidad y el agua, subidas que se han incrementado cuando más cruel ha sido la crisis para las familias”, recoge la moción.