El Grupo Parlamentario Podemos insta al Parlamento autonómico, a través de una proposición no de ley (PNL) que se debate en el pleno de esta semana, a que declare Canarias como Comunidad Autónoma opuesta al actual mandato de negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), por amenazar los principios del Estado de Derecho y los principios democráticos de soberanía e independencia nacional, y por poner en peligro las competencias de la Comunidad Autónoma y de los cabildos en materia de legislación social y laboral, protección al consumidor, servicios públicos y medio ambiente.
El TTIP, que negocia la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, puede convertirse en el tratado supranacional con mayores impactos perjudiciales para regiones ultraperiféricas como Canarias. Es patente la respuesta social, política, sindical y también institucional contra estas negociaciones.
Iniciadas en 2013, se realizan de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos. La Comisión Europea está facilitando un acceso privilegiado a información y documentos de las negociaciones a representantes de la industria, la banca, asociaciones empresariales y mercados financieros. Sin embargo, el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, los parlamentos autonómicos y la sociedad en general tienen un acceso muy restringido y deficiente a la información relativa al desarrollo de las negociaciones y a los textos consolidados del acuerdo. Con este modo de actuar, contradice el Tratado de Lisboa, que obliga a informar cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento (art. 218.10 TFUE), así como diversos fallos relacionados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El TTIP proporcionaría un marco legislativo y jurídico que se situaría por encima de cualquier legislación local, estatal o comunitaria, lo que supone un ataque a la soberanía de los pueblos y de las instituciones autonómicas, insulares y locales de Canarias. Su objetivo es debilitar el derecho a regular y decidir las condiciones de vida y el modelo social de los ámbitos nacionales, regionales y municipales.
Este acuerdo incluye la liberalización de la circulación de capitales y de la inversión en las dos orillas del Atlántico, añadiendo un polémico mecanismo de resolución de conflictos entre inversor y estados, a través de un tribunal privado de arbitraje.
Al considerarse competencia exclusiva de la Unión Europea, negociado por la Comisión Europea, los parlamentos y congresos solo pueden ratificarlo, sin posibilidad de modificación ni enmiendas.
De llevarse a cabo, el TTIP podría impedir iniciativas políticas autonómicas como leyes antidesahucios, cambios en la gestión de servicios públicos, auditorías de deuda o regulaciones ambientales.
Para el comercio y la economía de Canarias, un escenario con más competitividad frente a los EEUU y con un marco legislativo aún más laxo y liberalizado, supondrá la pérdida de empleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas e importantes pérdidas en el sector primario.
Las grandes diferencias en los sistemas normativos de los EEUU y la UE con respecto a importantes acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, así como en la protección social de trabajadores, ayudas públicas, procedimientos de patentes y energías, etcétera, podrá provocar una fuga de actividades, de producción y otro tipo, de Europa a EEUU. Otro de los riesgos es que Europa rebaje las exigencias de sus normativas de protección de derechos laborales, sociales y medioambientales.
El TTIP puede repercutir en el ámbito educativo, especialmente con la imposición de mayor apertura en los servicios de financiación mixta. Del mismo modo, afectará negativamente al sector agrario, limitando la biodiversidad (semillas y variedades autóctonas) e impidiendo el desarrollo de la agricultura de calidad y ecológica, fundamentales para la recuperación de la actividad, el empleo rural y un mundo rural más vivo. El rechazo de EEUU a las normas sobre indicaciones geográficas (IG) acabaría con la protección de productos con denominación de origen canario.
En la misma línea, el TTIP amenaza la diversidad cultural, limitando a las administraciones locales la capacidad de legislar en su favor, así como de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, con el fin de satisfacer las necesidades democráticas y socioculturales de cada sociedad, independientemente de la tecnología o plataforma de distribución empleada.
Por todo ello, Podemos insta al Parlamento a que, a su vez, inste al Gobierno de Canarias a encargar un estudio independiente que evalúe los costes y las implicaciones concretas de las negociaciones del TTIP para Canarias, para la sociedad -muy en concreto para las mujeres-, el medioambiente y la economía, con especial atención a la agricultura. También la repercusión sobre los presupuestos del Archipiélago, por la eliminación de aranceles al comercio.
A través de esta PNL, Podemos invita al Gobierno a elevar, a través de las entidades pertinentes, la demanda de una consulta pública relativa al contenido y objetivos de la negociación. También a que reclame del Gobierno del Estado que se garantice la exclusión explícita de los servicios públicos del ámbito de aplicación del TTIP y del derecho de autogobierno de los entes locales.
Podemos hace hincapié en la solicitud de información relativa a las negociaciones y la apertura de un debate público sobre los efectos y consecuencias del TTIP.